De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el modus operandi de los involucrados en la Operación Calamar, consistía en que, bajo las instrucciones y acciones precisas y directas del ministro de Hacienda de ese entonces, el investigado Donald Guerrero, realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de distraer del erario miles de millones de pesos.
Como parte de esas maniobras, según consta en el expediente, se proyectaron pagos bajo el concepto de ‘’pago de deuda administrativa’’ por la cantidad aproximada RD$ 31,147,053,422.15, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales las autoridades han identificado que lograron sustraer aproximadamente RD$ 12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.
SE PROYECTARON PAGOS BAJO EL CONCEPTO DE ‘’PAGO DE DEUDA ADMINISTRATIVA’’ POR LA CANTIDAD APROXIMADA RD$ 31,147,053,422.15, POR CONCEPTO DE ACUERDOS TRANSACCIONALES.
“Otra característica de las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado, son los múltiples contratos de cesiones de crédito por más de diez mil quinientos millones de pesos (RD$10,500,000.00), facilitados a personas de entera confianza de la estructura, pero que no hay forma de justificar en qué se fundamentan las cesiones de créditos, ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos, en ocasiones, las empresas utilizadas eran sociedades comerciales de carpeta, que fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser el vehículos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio público”, se indica en el expediente que ha construido el Ministerio Público.
El mismo documento revela que, por las medidas cautelares trabadas de forma oportuna por el Ministerio Público a través de orden judicial de oposición de pagos, libramientos, transferencias de bienes inmuebles, que fueron autorizadas por la coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante las órdenes judiciales de oposición a Transferencia de Bienes Inmuebles y oposición a Pago Núm. 0003-SEPTIEMBRE-2022, de fecha 23 de septiembre del año 2022; Autorización Oposición de Pago y Libramientos, OPOS-001-JULIO-2022 de fecha 20 de julio del año 2022, orden judicial de Autorización de Información Financiera y Tributaria Núm. 0010-DICIEMBRE-2021, de fecha 29 de diciembre del año 2022, se pudo evitar la distracción aproximada de trece mil cuatrocientos treinta y un millones doscientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta pesos con cuarenta y seis centavos (RD$13,431,238,340.46), de los fondos públicos que quedaron pendientes de pagos, equivalente al 20% de las sumas que fueron distraídas y otros procesos de pagos que están bajo investigación.
Las autoridades resaltan que los investigados Ángel Lockward, Ángel Lockward & Asociados, Agustín Ávila, como forma de intimidar a los miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la estructura de corrupción en la cual tenían participación como artífices legales para darle apariencia de licitud a los procesos, paralizados mediante las órdenes judiciales anteriormente indicadas, han acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa donde han sometido de manera simultánea demandas o recursos contenciosos administrativos con el fin de ejecutar los pagos pendientes, anular el Informe Especial de Investigación de los técnicos y peritos de la Unidad Anti Fraude, así como intimidar los miembros de la Unidad Antifraude con una demandada patrimonial en su contra que responden a los siguientes casos de la jurisdicción administrativa.
FuenteDeUltimoMinuto
