A pesar de ser proyectos prioritarios para la Cámara de Diputados, tanto el informe que recomienda un juicio político contra la Cámara de Cuentas como el controvertido Código Penal han quedado paralizados en el Poder Legislativo debido a desacuerdos entre los propios legisladores.
Con tan solo ocho días restantes para finalizar la actual legislatura congresual, no se vislumbra la aprobación de ninguno de los proyectos en ese tiempo ni en el futuro cercano.
Juicio político: El informe elaborado por una comisión especial de diputados que acusa a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas de cometer faltas graves podría quedar en un estado de paralización en el Congreso hasta que se logre un ambiente más propicio y se alcancen acuerdos con la oposición para aprobar la medida que busca destituir a los cinco funcionarios del organismo auditor.
El diputado Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión, señaló que, a pesar de que el informe acusatorio ha estado en la agenda desde hace dos semanas, no ha sido posible debatirlo en el hemiciclo debido al rechazo persistente de la oposición.
“Aunque lo tenemos listo y agendado, no creo que se pueda debatir hoy ni en los próximos días debido a que no se vislumbra un ambiente favorable con la oposición”, resaltó Genao.
Para aprobar el informe que recomienda el juicio político contra los funcionarios de la Cámara de Cuentas, se requieren al menos 127 votos, incluyendo el apoyo obligatorio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, quienes presentaron un informe disidente para rechazar las acusaciones contra la Cámara de Cuentas.
En la actualidad, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, que respaldan el juicio político, suman 101 votos, una cantidad insuficiente para alcanzar los 127 votos necesarios. Por su parte, la oposición cuenta con 89 votos.
Oposición obstaculizada: A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre los titulares de la Cámara de Cuentas, los diputados de oposición argumentan que el informe carece de sustento legal y constitucional, y consideran poco favorable llegar a un acuerdo con el partido gobernante para aprobar la sugerencia de juicio político.
Dadas estas circunstancias, las posibilidades de que el informe se discuta en las próximas sesiones son muy bajas, especialmente considerando que la actual legislatura congresual finaliza en ocho días y la próxima iniciará el 16 de agosto.
Opiniones de los diputados: El diputado Juan Dionicio Restituyo, del partido Frente Amplio, considera que el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, tiene la capacidad y la influencia necesaria para lograr la aprobación del informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas antes de que finalice la legislatura congresual.
Por su parte, el diputado Amado Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), opina que no se puede obligar a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni a la Fuerza del Pueblo a cambiar su postura a favor de la corrupción, y enfatiza que no se obligará a ningún partido a variar su posición.
Informe sin fecha: Debido al rechazo de la oposición, el juicio político queda ahora sin una fecha definida en el Congreso Nacional y el informe que fue elaborado por una comisión de diputados, donde se encontraron faltas graves, permanecerá en la agenda por un tiempo indefinido.
Acusaciones: El informe en cuestión acusa a los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas de supuestamente ocultar auditorías, alterar actas y presentar informes presupuestarios sin la documentación adecuada.
Código Penal sin esperanzas de aprobación: El proyecto del nuevo Código Penal, que ha sido debatido durante años en una comisión de diputados, tampoco ha logrado la aprobación necesaria para convertirse en ley y sufre un destino similar al juicio político.
A pesar de haber sido discutido en la Cámara de Diputados y el Senado durante la actual legislatura congresual, los legisladores no han logrado llegar a los acuerdos necesarios para impulsar el proyecto.
Los diputados Fior Peguero, Gerardo Casanova, Amado Díaz y Juan Dionicio Restituyo atribuyen el retraso del proyecto a la “irresponsabilidad, hipocresía e impunidad” y predicen que no se aprobará en la Cámara Baja durante la legislatura congresual actual.
