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Tribunal Constitucional de la República Dominicana Actúa para Garantizar la Ejecución de Sentencias

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha tomado medidas para garantizar la ejecución efectiva de sus sentencias en casos de inejecuciones, fortaleciendo así la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre las acciones emprendidas se encuentra la habilitación del Defensor del Pueblo para intervenir en casos de falta de ejecución de sentencias, especialmente cuando no se llega a un acuerdo en el proceso de conciliación o cuando se incumple el acuerdo alcanzado.

Estas medidas se basan en las atribuciones legales y constitucionales del Defensor del Pueblo, cuyo rol principal es velar por los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos de los ciudadanos, en caso de violaciones por parte de funcionarios del Estado, proveedores de servicios públicos o actores privados que afecten a intereses colectivos y difusos. La Ley 19-01 establece su objetivo de proteger las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos consagradas en la Constitución y asegurar el funcionamiento adecuado de la Administración Pública.

El Tribunal también ha comunicado a la Presidencia de la República cualquier acción tomada para aplicar sanciones por el incumplimiento de sentencias. Esto se realiza de acuerdo con la Ley 41-08, que regula las faltas disciplinarias en el ámbito público, y permite el establecimiento de sanciones, incluida la destitución y la inhabilitación para prestar servicios al Estado.

Además, el Tribunal Constitucional ha establecido un proceso preliminar de conciliación entre las partes en conflicto como parte del procedimiento de ejecución de sentencias. Si no se logra un acuerdo, la solicitud se remitirá al Pleno del Tribunal, que emitirá un dictamen y podría adoptar medidas para asegurar la ejecución de la sentencia.

Con estas medidas, el Tribunal Constitucional busca fortalecer su capacidad para garantizar que sus sentencias se ejecuten de manera efectiva, asegurando así la protección de los derechos fundamentales y contribuyendo a la preservación del orden constitucional en la República Dominicana.

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