La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por la detención arbitraria de un general del ejército boliviano bajo la justicia controlada por el partido en el gobierno. Este hecho se suma a una serie de críticas que han surgido en el país, incluyendo las de la American Society (AS) y el Council of the Americas (COA), que cuestionan la gestión de la corrupción en la administración de Luis Arce.
El ex presidente Evo Morales también ha agregado su voz a las críticas, lamentando que se acuse al país de ser un “narco-estado”. En respuesta, el gobierno ha sugerido que Morales necesita educación. Sin embargo, las tensiones aumentaron con la determinación del ministro de gobierno, Fernando del Castillo, de destruir 26 factorías de droga en el Chapare en un lapso de tres días, un golpe impactante para Morales y su zona cercana.
Mientras esto sucede, el narco uruguayo Sebastián Marset ha arremetido contra el gobierno desde la clandestinidad, criticando las acciones del ministro de gobierno y burlándose de la situación. Además, la CIDH ha condenado la vulneración de los derechos del ex comandante del Ejército, general Pastor Mendieta, quien lleva 29 meses detenido en relación al caso conocido como ‘golpe de Estado I’. Esta situación afecta a un total de 24 militares en ejercicio, incluyendo a tres generales y dos almirantes.
En medio de este panorama, el cruce entre Morales y el ministro de Justicia, Iván Lima, ha aumentado la tensión. Morales acusa a Lima de estar involucrado en un juicio al Estado boliviano para obtener 35 millones de dólares, mientras que Lima niega las acusaciones y sugiere que Morales debería mejorar sus habilidades matemáticas. La rivalidad entre Morales y el actual presidente Luis Arce se intensifica, creando una agitación política a un mes y medio del congreso del MAS.
Además, un estudio realizado por el “Anticorruption group” de la AS-COA revela que Bolivia y Venezuela son considerados los países más corruptos de la región. El informe señala una preocupante actitud de la ciudadanía y los medios de comunicación bolivianos en la lucha contra la corrupción, acentuando la gravedad de la situación en el país.
