Las contribuciones obligatorias y estatales a sindicatos y colegios profesionales en la República Dominicana alcanzan cientos de millones de pesos al año. Sin embargo, una investigación de Diario Libre reveló que algunas de estas entidades, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), no brindan información o la publican con años de retraso sobre los fondos recibidos. A pesar de la sentencia de 1989 de la Suprema Corte de Justicia que estableció que la imposición de la afiliación a una agrupación para ejercer una profesión era inconstitucional, la obligatoriedad persiste en estas áreas profesionales. Estas entidades, con la ayuda de los descuentos de los salarios de sus miembros, han acumulado fondos considerables sin supervisión estatal, lo que ha contribuido a su poder económico y político.
Por ejemplo, la ADP, uno de los sindicatos más influyentes de la República Dominicana, ha recibido más de 3,544.29 millones de pesos en los últimos 10 años, obtenidos a través de descuentos automáticos del salario de los docentes públicos. Los médicos y abogados también reciben financiamiento de cuotas y contribuciones estatales, lo que les permite ejercer un considerable poder político y económico. En el caso del Codia, la ley establece que el Estado debe retener un porcentaje de cada obra pública y privada, proporcionando un flujo constante de fondos. Mientras que el CARD recibe fondos de diversas fuentes, incluidos los contratos notariados, registros comerciales y actos judiciales. Sin embargo, estos colegios y sindicatos enfrentan críticas por la falta de transparencia y rendición de cuentas en la administración de estos recursos. Por ejemplo, el exprocurador fiscal Gregory Castellanos Ruano presentó una acusación de “desfalco sistemático” contra Miguel Surún Hernández, expresidente del CARD, por la gestión de los fondos del gremio de abogados.
