El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha emitido una opinión jurídica indicando que la privación de libertad de Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador general de la República Dominicana, ha sido arbitraria. “Considerando todas las circunstancias del caso, la medida apropiada sería liberar de inmediato a Rodríguez Sánchez y garantizar su derecho efectivo a recibir compensación y otras formas de reparación de acuerdo con el Derecho internacional”, afirmó el grupo en su informe. Esta instancia evaluó el caso durante su 97ª sesión, llevada a cabo entre finales de agosto y principios de septiembre, y ha emitido su opinión legal semanas después. Los expertos de la ONU también solicitan al Gobierno dominicano una investigación completa e independiente sobre las circunstancias que rodean la privación arbitraria de libertad del exprocurador y que se tomen medidas adecuadas contra quienes sean responsables de la violación de sus derechos. Rodríguez Sánchez, quien fue procurador general entre 2016 y 2020, lideró investigaciones sobre sobornos a funcionarios dominicanos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, lo que resultó en la detención de empresarios, funcionarios y políticos tanto del Gobierno como de la oposición. El grupo de trabajo concluyó que la detención fue arbitraria debido a irregularidades durante el proceso en su contra, comenzando por el hecho de que el día de su arresto, el 29 de junio de 2021, no se presentó correctamente la orden de detención ni se explicaron las razones de la misma. Rodríguez Sánchez solo pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia dos semanas después de su detención, a pesar de que las normas internacionales de derechos humanos establecen que este lapso no debe exceder las 48 horas. Luego, según el dictamen del grupo de trabajo, se le impuso una prisión preventiva de 18 meses antes del juicio, sin presentar argumentos razonables sobre un posible riesgo de fuga. “Este período fue no solo excesivo sino también violatorio de las normas y garantías internacionales contra la detención arbitraria”, señala el informe. Durante el proceso, los jueces se negaron a examinar los argumentos relacionados con la detención arbitraria, lo cual “también constituyó una violación del derecho de Rodríguez Sánchez a ser escuchado por un tribunal imparcial”, añade. El grupo de trabajo también expresó preocupación por el hecho de que durante el proceso, funcionarios del Estado y de la Fiscalía realizaron declaraciones públicas para desacreditar a Rodríguez Sánchez. Además, durante los traslados a las dependencias judiciales, “fue escoltado por fuerzas militares para presentarlo como un delincuente peligroso”, lamenta el informe. El grupo de trabajo también denunció que la vida de Rodríguez Sánchez estuvo en peligro durante su detención preventiva en la cárcel de Najayo, desde julio de 2021 hasta enero de este año. La defensa del exprocurador argumentó que Rodríguez Sánchez estaba rodeado de reclusos a los que él investigó o contribuyó a encarcelar, incluidos narcotraficantes, acusados de lavado de dinero o incluso asesinatos. En el informe, el grupo de trabajo de la ONU lamentó que el Gobierno de la República Dominicana respondiera “tardíamente” a las alegaciones de la defensa del exprocurador. Dicha defensa denunció ante el grupo de trabajo numerosas presiones externas contra el exprocurador durante el proceso, desde el asesinato de su escolta hasta amenazas de muerte a sus familiares y robos en su domicilio. El exprocurador general fue acusado por la Fiscalía de dirigir un “entramado de corrupción administrativa” durante su liderazgo en el Ministerio Público, en la operación ‘Medusa’.
La ONU, a través de su Grupo sobre Detenciones Arbitrarias, condena la detención de Jean Alain Rodríguez
