La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha revocado el proceso de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Esta es la tercera resolución emitida en relación con este caso, quedando pendiente una solicitud de investigación.
En las dos primeras resoluciones, RIC-164-2023 y RIC-165-2023, se confirmó la existencia de un entramado societario confuso y la presentación de documentación falsa por parte de la empresa adjudicataria, que fue desconocida por las supuestas empresas emisoras.
La nueva resolución, RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico presentado por ESC Group, S.R.L., también revela graves irregularidades en la adjudicación del contrato. Por lo tanto, la DGCP, en el ejercicio de sus competencias, anuló el pliego de condiciones y, por ende, el procedimiento de licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001, debido a la violación de los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como de los artículos 88, 91 y 94 de su Reglamento de aplicación.
Estas irregularidades se consideran violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como a los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.
Se evidenció que los requisitos del pliego eran excesivos y desproporcionados, al exigir a los oferentes demostrar experiencia en la instalación de 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial, lo que resultó en una participación limitada y obstaculizó una evaluación objetiva.
Entre otras irregularidades, la DGCP señala que los peritos realizaron evaluaciones técnicas subjetivas y validaron la experiencia de solo uno de los oferentes. Además, las evaluaciones no estaban debidamente fundamentadas y los peritos se apartaron del debido proceso al recomendar correcciones que la normativa no permite, ya que implican mejoras a la oferta.
En consecuencia, la DGCP enfatiza que el Comité de Compras debió rechazar esas evaluaciones por basarse en criterios subjetivos, arbitrarios y deliberados. La DGCP reitera que el Intrant debe aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios involucrados en el proceso y enviará la resolución a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte de la investigación en curso.
La resolución completa, RIC-168-2023, está disponible en la sección Marco Legal del portal web institucional de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.dgcp.gob.do.
