El impulso repentino y urgente en el Congreso Nacional para aprobar una modificación a la Ley de Aviación Civil no fue simplemente una reacción a una propuesta gubernamental; más bien, fue una respuesta a una presión internacional. La República Dominicana se enfrentó a la urgencia de reformar su legislación para evitar ser degradada en términos de su estatus internacional en la industria de la aviación.
En abril, una comisión de la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos llevó a cabo una evaluación de los vuelos que parten de la República Dominicana hacia América del Norte. Tras esta revisión, dieron un plazo de 45 días a las autoridades dominicanas para ajustar la Ley de Aviación Civil, alineándola con nuevos estándares y regulaciones más rigurosas.
Según informó el diputado Napoleón López, quien encabezó el equipo especial de legisladores encargado de estudiar las modificaciones, este plazo fue confirmado en un informe favorable emitido por la comisión de congresistas tras concluir su análisis de la legislación propuesta.
Esta acción se desencadenó después de que una comisión de la Federación de Aviación Civil de los Estados Unidos visitara la República Dominicana en septiembre del 2023, seguida de una auditoría técnica en abril. La Federación advirtió que, de no realizarse los cambios necesarios en la ley, el país podría enfrentar una reducción en su categoría de vuelo, lo que conllevaría a mayores restricciones para los viajes desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos.
El Poder Ejecutivo declaró la modificación de la ley como una prioridad urgente, y tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto con rapidez, convirtiéndolo en ley en solo un mes.
El informe de los diputados destaca que la Ley de Aviación Civil promulgada en el 2006 contiene sanciones genéricas y disuasorias contra las aerolíneas que necesitan ser reformadas para adaptarse a los nuevos estándares internacionales exigidos por la FAA.
