El Centro Carter ha publicado un informe detallando las múltiples irregularidades y deficiencias observadas durante las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024. El comunicado aclara que el proceso no se ajustó a los estándares internacionales de integridad electoral y, por lo tanto, no puede considerarse democrático. Además, el Centro Carter indicó que no pudo verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
El informe señala que la autoridad electoral no ofreció resultados desglosados por mesa electoral, lo cual es una “grave violación de los principios electorales”. El ambiente en el que se desarrollaron las elecciones estuvo caracterizado por “libertades restringidas” que afectaron negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Los observadores destacaron que el CNE mostró una “parcialidad a favor del oficialismo” en detrimento de las candidaturas opositoras.
El Centro Carter enumeró problemas específicos como la actualización del registro de electores, que se realizó con “numerosos inconvenientes” como plazos muy cortos y escasa información pública. También, los ciudadanos en el exterior enfrentaron “barreras legales desproporcionadas e incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.
En cuanto a la campaña electoral, se observó un desequilibrio a favor del gobierno, que contaba con recursos “muy amplios”, lo que resultó en una gran cantidad de mítines, murales, vallas y afiches en su favor. Hubo abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Además, la candidatura oficialista predominó en medios de comunicación, tanto en publicidad como en cobertura noticiosa.
A pesar de las restricciones, la ciudadanía venezolana se movilizó masivamente y de manera pacífica el 28 de julio para votar. No obstante, el Centro Carter reportó “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” en algunas localidades.
