El 14 de agosto de 2023, un estruendo sacudió San Cristóbal, activando las alarmas en la ciudad. La explosión en el antiguo Mercado Padre Ayala, en pleno centro, dejó 38 muertos y 12 desaparecidos, robando la tranquilidad de la comunidad.
Hoy, un año después, la “zona cero” permanece rodeada de alusín, envuelta en un manto de desolación. Rudelania Araujo, una de las tantas afectadas, aún no sabe el paradero de su pareja, quien estaba en el lugar de la tragedia. La pareja tenía planes de casarse en diciembre de 2023, pero la explosión cambió todo. “Esta explosión prácticamente nos quitó la vida a nosotros también”, dice Araujo, refiriéndose a su esposo, Juan Mateo Casilla, uno de los doce desaparecidos.
A pesar de la tragedia, Araujo mantiene su fe en Cristo, agradeciendo a su pareja por llevarla “a los pies del Señor”, un acto que considera su gran legado. Aunque las autoridades, mediante un decreto presidencial, planean emitir un acta de defunción para Casilla, Araujo exige un informe del J2. Está convencida de que la explosión no se originó en la empresa Vidal Plast y no está de acuerdo con que el Ministerio Público se querelle contra los imputados. “Nuestro gran dilema y nuestra lucha siguen en pie porque no nos quieren dar el informe legal”, cuestiona, buscando respuestas sobre lo ocurrido.
