Desde su promulgación el 15 de enero, la ley 01-24 que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha generado controversia debido a varias ambigüedades en su contenido, señaladas por diversos sectores nacionales.
Como resultado, en menos de ocho meses desde que el presidente Luis Abinader la promulgara como la primera ley de este año, el Tribunal Constitucional ha recibido y dejado en estado de fallo al menos nueve impugnaciones contra este texto legislativo.
Entre los artículos más cuestionados, el número nueve destaca las atribuciones de la DNI, que incluyen investigar actividades que atenten contra los intereses nacionales, las instituciones del Estado, o pongan en peligro la seguridad nacional e interior, además de contrarrestar amenazas provenientes de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que comprometan la paz social, la soberanía o la integridad territorial del país.
