Durante el mes de enero de 2024, la deuda pública consolidada de la República Dominicana experimentó un incremento significativo, ascendiendo en $431 millones para alcanzar una cifra total de $73,664.2 millones. Este aumento refleja una tendencia preocupante en los compromisos financieros del Estado, ya que la deuda continúa en una trayectoria ascendente.
Es importante destacar que, aunque hubo una ligera disminución del 0.74% en la deuda del sector público no financiero (SPNF), pasando de $54,828.8 millones a $54,426.6 millones, este descenso no fue suficiente para contrarrestar el aumento en la deuda del Banco Central, que experimentó un incremento del 4.33% durante el mismo período. La deuda del Banco Central alcanzó los $19,237 millones en enero de 2024, representando un aumento de $833.7 millones en comparación con el cierre del año anterior.
Esta tendencia al alza en la deuda pública preocupa a expertos como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), quienes la consideran insostenible y advierten sobre las consecuencias negativas que esto puede tener para la estabilidad económica del país. El aumento en los pagos de intereses, junto con el continuo incremento en el gasto público, contribuye a ampliar el déficit fiscal y reduce el margen de maniobra del Gobierno para abordar la situación.
Según el Crees, la reducción de la deuda pública consolidada como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha sido mínima en los últimos años, lo que sugiere una falta de avance en la gestión de la deuda. Además, el país enfrenta altos pagos de intereses en comparación con otros países de la región, lo que evidencia la necesidad urgente de implementar reformas estructurales para mejorar la situación fiscal y reducir la carga de la deuda.
El Crees sugiere que una reforma tributaria integral, junto con la implementación de reglas fiscales claras, son pasos fundamentales para abordar la situación de manera efectiva. Además, se destaca la importancia de abordar otras áreas clave de la economía, como los sectores eléctrico, transporte, hidrocarburos, laboral y de seguridad social, para promover un crecimiento económico sostenible y reducir la dependencia de la deuda pública como fuente de financiamiento.
