Un grupo de funcionarios designados por el presidente Luis Abinader aún no han cumplido con la obligación legal de presentar su declaración jurada de patrimonio, según lo estipulado en la Ley 311-14. Este incumplimiento persiste incluso en los últimos meses de su mandato, lo que sugiere una falta de rendición de cuentas y transparencia en el gobierno. A pesar del énfasis en la transparencia y la lucha contra la corrupción por parte del presidente Abinader, estos funcionarios han eludido esta responsabilidad sin enfrentar consecuencias significativas.
La situación es preocupante, ya que 18 funcionarios del gobierno actual continúan desafiando la ley al no presentar su declaración de patrimonio, lo que sugiere una falta de aplicación y supervisión efectiva de las normativas anticorrupción. Aunque algunos de estos funcionarios fueron suspendidos temporalmente en el año 2020, este castigo parece haber sido insuficiente para garantizar el cumplimiento continuo de la ley.
La Cámara de Cuentas ha identificado a varios de estos funcionarios que no han entregado su declaración jurada, siendo la mayoría de ellos miembros del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur). A pesar de las advertencias y la presión pública, estos funcionarios siguen en sus cargos sin cumplir con la normativa establecida, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el gobierno.
La ley exige que los funcionarios presenten su declaración de patrimonio dentro de los 30 días posteriores a su nombramiento, pero parece haber una falta de aplicación rigurosa de esta disposición. Además, se espera que aquellos que sean reelegidos para un nuevo período o que cesen en sus funciones cumplan con esta obligación en un plazo establecido, pero esta expectativa no siempre se cumple en la práctica.
En cuanto a las posibles sanciones por el incumplimiento de esta obligación, la ley contempla la destitución del cargo para los funcionarios que no presenten su declaración de patrimonio, lo que subraya la gravedad de este problema y la importancia de abordarlo de manera efectiva. Sin embargo, parece que esta medida disciplinaria no se ha aplicado de manera consistente o efectiva en todos los casos, lo que plantea dudas sobre la aplicación equitativa de la ley y la rendición de cuentas en el gobierno actual.
