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Admisión de culpabilidad por parte de cinco imputados en el caso Medusa

El Ministerio Público ha solicitado al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que condene a cuatro implicados en el caso Medusa a tres años de reclusión suspendida, luego de que admitieran los hechos que se les imputan en el tribunal.

Mirna Ortiz, quien ejerce como coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pidió al juez Amauri Martínez que la condena para los implicados sea bajo la modalidad suspendida.

Los cuatro implicados que admitieron los hechos en el tribunal y para quienes se solicitó la condena son Carlos Augusto Guzmán Oliver, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez.

Además, el Ministerio Público también pidió al tribunal que las empresas involucradas fueran condenadas a pagar más de 700 mil pesos cada una, con el decomiso de las acciones de la entidad comercial a favor del Estado Dominicano y la cancelación de su registro mercantil.

Entre las condiciones impuestas por el tribunal para los implicados durante el periodo de suspensión se encuentran la residencia en un lugar determinado, la prohibición de viajar al extranjero sin permiso judicial, la prohibición de portar armas de fuego y el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias narcóticas, la realización de horas de trabajo comunitario y la obligación de presentarse mensualmente ante el juez.

En otro caso relacionado, Alfredo Mirambeaux Villalona y Mártires Rosario Reyes intentaron obtener su libertad a través de recursos de apelación ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por ambos imputados.

Estos casos están relacionados con la alteración de registros de antecedentes penales de miles de personas, acciones por las cuales se han presentado cargos conforme a la ley dominicana, incluyendo delitos como asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, entre otros.

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