Cinco abogados implicados en el caso Operación Calamar habrían incrementado “notablemente su riqueza” en un corto periodo durante 2020, presuntamente mediante la falsificación de documentos públicos y privados, así como el lavado de activos, según consta en el expediente de este caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos cuatro años.
Ana Linda y Emir José Fernández, hermanos de edad avanzada, se habrían beneficiado con aproximadamente 1,500 millones de pesos y habrían sobornado a funcionarios gubernamentales con una cantidad casi igual, según la documentación.
Ángel Lockward Mella, otro de los abogados implicados, admitió su participación en el desfalco al Estado y colabora con la fiscalía, devolviendo “voluntariamente” 220 millones de pesos entre diciembre del año pasado y marzo de 2024, según la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) en abril pasado.
Este presunto fraude se habría llevado a cabo durante los últimos meses del mandato del expresidente Danilo Medina, con pagos millonarios por propiedades declaradas de utilidad pública, en los que también están implicados exfuncionarios como Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otras 40 personas físicas y jurídicas.
El expediente detalla que entre enero y julio de 2020 se realizaron pagos fraudulentos desde el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Dirección General de Bienes Nacionales, autorizados por Ángel Donald Guerrero Ortiz y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, con la participación de otros cómplices.
Juan Tomas Polanco Céspedes, otro abogado mencionado en el caso, posee 23 propiedades en La Altagracia y La Romana, y se le retuvo un monto de casi 20 millones de pesos en una bolsa de valores. Trabajaba junto a Lockward Mella y enfrenta acusaciones de estafa por casi 50 millones de pesos.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández, otro abogado señalado, supuestamente asistió a los demás imputados facilitando medios para cometer los delitos, incluyendo el pago fraudulento de expropiaciones a sucesores, a pesar de saber que no eran propietarios legítimos o que tenían disputas judiciales.
