A mediados de junio de 2023, Diario Libre solicitó información a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) para una nota periodística. La respuesta llegó el 12 de febrero de 2024, seis meses y 23 días después, a pesar de que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece un plazo máximo de 21 días (15 días hábiles) para responder a estos requerimientos.
Durante ese tiempo, no hubo ninguna comunicación para solicitar prórrogas, como también requiere la ley, por lo que el medio tuvo que publicar la nota con información incompleta.
Este no es un caso aislado. A menudo, las instituciones públicas responden tarde o ignoran las solicitudes, violando la Ley de Libre Acceso y convirtiendo tanto la legislación como la plataforma SAIP en herramientas que distraen al usuario. Información que podría ser proporcionada por los departamentos de Prensa o Comunicaciones se reenvía a las oficinas de libre acceso, donde las solicitudes pueden ser ignoradas por meses o incluso años.
