Un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley destinado a acelerar los procesos judiciales relacionados con la corrupción administrativa en República Dominicana y establecer regulaciones en la selección de los procuradores.
El proyecto, liderado por Juan Dionicio Restituyo y Ramón Ceballos, plantea que el Pleno de la Cámara de Diputados ratifique la designación del procurador general de la República. Además, el procurador no asumiría su cargo hasta que el Congreso conozca las razones detrás de su nombramiento.
A pesar de que la Presidencia continúa siendo responsable de la designación del procurador o procuradora, el proyecto subraya que esta elección debe ser obligatoriamente revisada por la Cámara de Diputados. Esto busca asegurar que el nombramiento sea más equitativo y no quede exclusivamente en manos del presidente en turno.
Los proponentes del proyecto argumentan que el papel del procurador general es crítico en la lucha contra la corrupción y buscan establecer un proceso de selección más participativo para garantizar la imparcialidad y el compromiso con la justicia y la Constitución.
Además, la propuesta contempla que la designación de procuradores especiales sea realizada por ambas cámaras del Congreso Nacional. Para agilizar los procesos judiciales relacionados con la corrupción, se propone que los delitos de corrupción administrativa sean conocidos por jueces especiales y se cree una jurisdicción especializada en estos casos. Esto permitiría a la Procuraduría General de la República llevar a cabo investigaciones sin obstáculos.
La comisión de diputados liderada por Restituyo instó a la aprobación del proyecto, argumentando que actualmente existe una gran lentitud en los procesos de persecución de la corrupción administrativa. La creación de una jurisdicción especializada y la designación de jueces dedicados exclusivamente a estos casos se consideran medidas para acelerar la justicia y garantizar un enfoque más efectivo en los procesos judiciales relacionados con la corrupción.
