La Dirección General de Contrataciones anunció la suspensión de un contrato superior a los RD$ 2,500 millones, que había suscrito el Ministerio de Educación con distintas editoras para la adquisición de libros digitales.
Los materiales estarían diseñados para el nivel secundario de cara al año escolar 2022-2023.
“Hacemos de su conocimiento que esta resolución no es definitiva en sede administrativa y contra la misma cabe interponer: una solicitud de variación de la medida cautelar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo dentro del plazo de 30 días”, precisó Laritza Montero, directora interina de Investigaciones y Reclamos de la DGCP.
Las empresas adjudicadas fueron Cocolo Editorial EIRL, Editorial Cosme Peña, CA-Mart Soluciones y Ediciones Salomé. Actualidad Escolar también ganó un lote y dijo que se enteró luego de que las editoras anteriores firmaron contratos por un valor superior al suyo, violando el principio de economía y el pliego de condiciones contemplados en la ley 340-06.
Por esta y «otras irregularidades» ha sometido varias acciones en contra del proceso de licitación del Minerd. Fundamentó ante la DGCP que para los lotes 1,2,3 y 7 presentó ofertas económicas por montos inferiores a las editoras que resultaron ganadoras y que Educación no explicó por qué descartó sus ofertas, además, señala que la demora en la publicación del acta de adjudicación buscaba limitarle el ejercicio del derecho a recurrir a las decisiones administrativas y blindar contra cualquier recurso la suscripción, pautada para el 27 de junio de 2022 y la ejecución de los contratos.
Contrataciones Públicas detalló en su resolución, que solicitó al Ministerio de Educación su escrito de defensa sobre las acusaciones de Actualidad Escolar y que hasta el momento el organismo no lo ha presentado. Lo propio hizo con las empresas adjudicadas y solo Cocolo Editorial presentó su defensa, que posteriormente fue rechazada por “improcedente y carente de asidero jurídico”.
