El gobierno de los Estados Unidos ha emitido recomendaciones directas a las autoridades de la República Dominicana, enfocadas en la emisión de documentos de identidad para los “dominicanos de ascendencia haitiana” que cumplan con los requisitos estipulados en la ley de naturalización de 2014. Esta medida se presenta como un paso crucial para proteger a esta comunidad de la trata de personas, según lo establece el informe anual del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas.
En el documento, el secretario de Estado, Antony Blinken, insta enfáticamente a que se aplique de manera integral la Ley 169-14, la cual establece un marco especial para las personas nacidas en territorio dominicano entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, inscritas irregularmente en el registro civil y sujetas a procesos de naturalización. Esta ley es crucial para reducir la vulnerabilidad de estos individuos frente a la explotación y la trata.
El informe también destaca que, por segundo año consecutivo, la República Dominicana se mantiene en el nivel 2 de la Lista de Vigilancia en el Reporte de Tráfico de Personas del Departamento de Estado de EE. UU. Aunque reconoce los esfuerzos significativos realizados por el país para combatir este flagelo, enfatiza la necesidad de mejorar en áreas críticas para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en la lucha contra la trata de personas.
Además de la emisión de documentos, el Departamento de Estado recomienda que las autoridades dominicanas realicen evaluaciones sistemáticas y proactivas entre las poblaciones vulnerables, incluyendo migrantes, personas indocumentadas y dominicanos de ascendencia haitiana. Esto se orienta a detectar posibles casos de trata y asegurar que las víctimas reciban la atención y protección adecuadas. También se exhorta al gobierno dominicano a revisar la legislación actual sobre trata de personas, especialmente en lo que respecta a los delitos sexuales que involucran a menores de edad, para alinearse con las normas internacionales y eliminar barreras legales que dificultan la protección efectiva de los derechos humanos.
