La proclama emitida por la Junta Central Electoral (JCE) marca el inicio oficial de la campaña política para las elecciones presidenciales y congresuales que se llevarán a cabo el 19 de mayo en Haití. Esta proclama, anunciada el viernes pasado, establece una serie de regulaciones estrictas que afectan tanto a los partidos políticos como a los candidatos, abarcando desde los topes en los gastos de campaña hasta la supervisión de los recursos utilizados para promover las candidaturas.
Entre las medidas más destacadas de la proclama se encuentra el establecimiento de un tope de gastos de campaña, fijado en 122.50 pesos por cada uno de los 8,145,548 electores hábiles, lo que equivale a un total de 997,829,630 millones de pesos por candidato. Además, se limita el financiamiento que los candidatos presidenciales pueden recibir, estableciendo un máximo de RD$9,978,296.30 por postulante.
La JCE también ordena a los partidos políticos que presenten un desglose detallado de los recursos que reciben antes del 21 de junio, y dispone que cualquier excedente de fondos sea destinado a la formación política de los militantes. La fiscalización de estos recursos se llevará a cabo de acuerdo con la Ley de Régimen Electoral, que exige a los partidos publicar informes regulares sobre sus ingresos y gastos durante la campaña electoral.
Con esta proclama, la JCE da inicio formalmente al período de campaña política, que se extiende 70 días antes de las elecciones. Durante este tiempo, los candidatos tendrán la oportunidad de promover sus propuestas y captar votos, con la obligación de finalizar toda actividad de promoción el 16 de mayo, tres días antes de la fecha de votación. Los partidos y candidatos ya habían comenzado previamente un proselitismo limitado, principalmente a través de las redes sociales, pero ahora podrán intensificar sus actividades de campaña, incluyendo encuentros, caravanas y actividades públicas para destacar sus propuestas.
Además, la Ley de Régimen Electoral establece una serie de disposiciones para regular la conducta política durante la campaña, prohibiendo la difusión de propaganda electoral fuera del período establecido, así como la promoción de candidaturas en lugares públicos ocupados por el gobierno o en monumentos históricos. También se requiere que los partidos realicen jornadas de limpieza y retiren la propaganda electoral después de las elecciones, en coordinación con la JCE. La ley también exige la entrega de programas de gobierno y aspiraciones por parte de los candidatos.
