Después de casi dos años, el Ministerio Público aún no ha solicitado acciones legales contra un grupo de diputados implicados en actos delictivos. La Procuraduría General de la República aseguró que están trabajando diligentemente en la investigación que involucra a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera y Rosa María Pilarte, en casos de lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
Los casos de estos diputados están en espera en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y hasta el momento no se han presentado solicitudes de acción por parte del Ministerio Público. Las pesquisas relacionadas con el diputado Sergio (Gory) Moya de la Cruz también están a cargo de la Procuraduría y su caso fue remitido a la SCJ recientemente.
Los diputados electos en las pasadas elecciones gozan de privilegio de jurisdicción, según la Constitución, lo que significa que la SCJ tiene competencia exclusiva sobre sus casos penales. Mientras tanto, sus colegas del PRM han defendido su derecho a participar en las elecciones, argumentando que la justicia aún no los ha juzgado y que tienen total libertad para buscar cargos políticos.
El juez de instrucción a cargo de los casos en la SCJ, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, ha estado a la espera de las solicitudes del Ministerio Público para tomar acción. Estévez Lavandier, licenciado en derecho, formó parte de la oficina de abogados Staff Legal antes de su cargo actual.
En resumen, el Ministerio Público no ha avanzado en los casos de los diputados implicados en delitos, y las investigaciones están en espera en la SCJ. Los diputados electos mantienen su derecho a participar en las elecciones, ya que aún no han sido juzgados. El juez a cargo aguarda las solicitudes del Ministerio Público para actuar.
