Los consumidores están observando con atención los movimientos de ciertos sectores económicos importantes, sugiriendo que podrían estar anticipándose a las reformas estructurales que el Gobierno planea implementar próximamente. Este escrutinio surge a raíz de ajustes y aumentos de precios que están siendo aplicados en diversos servicios.
Un ejemplo destacado es el de Claro Dominicana, una de las principales empresas de telecomunicaciones, que ha anunciado un incremento del 5.88% en la tarifa del plan de voz para negocios. Esta medida, según reportes de usuarios, ha sido confirmada por la propia empresa a través de su página web. En su comunicado, Claro justifica este aumento como necesario para compensar la inflación acumulada y financiar importantes inversiones en modernización y expansión de infraestructuras tecnológicas.
La empresa argumenta que durante más de una década ha absorbido un aumento del 47.3% en la inflación acumulada, y que en noviembre de 2023 comenzó un proceso de ajuste en los planes de Internet, líneas adicionales y servicios opcionales, dejando pendiente el plan base de voz. En diciembre del mismo año, también se aplicaron aumentos en los planes de servicios móviles postpago y de control, aunque en menor medida.
Este fenómeno de ajustes de precios también se ha extendido al sector financiero, donde los principales bancos han comenzado a notificar cambios en sus tarifas de servicios. Aunque estos ajustes no guardan una relación directa con las reformas estructurales anunciadas por el Gobierno, se considera que indirectamente están relacionados, ya que se tiene en cuenta el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la economía.
El Gobierno, por su parte, tiene previsto presentar una serie de reformas estructurales, incluyendo una reforma fiscal integral, una reforma constitucional y la conclusión de temas pendientes en el Pacto Eléctrico. Estas medidas tienen como objetivo aumentar las recaudaciones fiscales y eliminar ineficiencias en el uso de los recursos del Estado.
En el sector eléctrico, específicamente, se han llevado a cabo acciones para mejorar la eficiencia, como la reciente desvinculación de funcionarios de las distribuidoras Edeeste y Edesur, con el propósito de reducir gastos y revisar nóminas para disminuir pérdidas. También se han implementado medidas para cobrar a grandes clientes.
Antes de las elecciones, el Gobierno suspendió la revisión de la tarifa técnica, un tema que aún está pendiente en el Pacto Eléctrico y que probablemente será abordado como parte de las reformas estructurales.
