La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que absolvió a Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón en el caso Odebrecht, ha enfatizado la necesidad de una reforma legal, procesal y técnica para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país. El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Fran Soto, Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, subrayó que la falta de pruebas suficientes fue un factor clave en la absolución, y exhortó al Ministerio Público a llevar a cabo investigaciones más exhaustivas y bien fundamentadas para asegurar la sanción de los responsables de actos de corrupción.
El fallo recalca que una condena solo puede emitirse si hay evidencia concreta que demuestre la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, un principio esencial para garantizar la justicia y proteger los derechos de los acusados.
Además, la Sala señaló que la interpretación errónea de las pruebas por parte de los tribunales inferiores contribuyó a las decisiones judiciales previas, lo que hizo necesaria su revisión y corrección. El tribunal destacó que la falta de pruebas en este caso pone de manifiesto la necesidad de mejorar las capacidades investigativas y probatorias de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
El veredicto en el caso Odebrecht tiene importantes implicaciones para el sistema legal dominicano y subraya la importancia del debido proceso, asegurando que las acusaciones penales se basen en pruebas sólidas y verificables. Asimismo, pone en evidencia las limitaciones del marco legal dominicano en relación con delitos como el enriquecimiento ilícito.
