En el juicio contra los acusados del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez, tomó la palabra en calidad de acusado y describió el “modus operandi” utilizado para desviar más de RD$4,500 millones.
Durante su intervención, Girón Jiménez afirmó que solo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), más de diez mil personas recibían pagos a través de la nómina con el compromiso de devolver el dinero a sus superiores. Girón indicó que las “cabezas recolectoras”, encargadas de recoger el dinero, cuestionaban al coronel Rafael Núñez de Aza, el cerebro financiero del entramado, sobre el destino final de esos fondos.
Girón explicó que esas “cabezas recolectoras” observaban cómo el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres, y el exdirector de Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou, retiraban sus partes, refiriéndose a los montos que recogían en bultos y sobres manila tras la devolución de los pagos.
El acusado detalló que no se requería un sistema sofisticado de informática para extraer el dinero de las nóminas; bastaba con tener a todos los involucrados en el proceso comprados.
Según Girón, se sobornaba al personal de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República, al departamento de Auditoría de la Policía Nacional, a la Dirección General de Presupuesto y a todos los encargados de manejar los presupuestos de Cestur para evitar obstáculos en el proceso.
Girón Jiménez señaló que la entonces auditora de la Policía Nacional, bajo órdenes del coronel Núñez de Aza, también estaba en nómina y debía devolver el dinero que cobraba, motivada únicamente por el beneficio de la pensión. Añadió que el atractivo del “especialismo” era lo que los miembros de la Policía Nacional buscaban.
