El Juzgado de la Instrucción de la provincia Independencia ha emitido el auto de apertura a juicio contra los implicados en la red de tráfico de inmigrantes desmantelada por el Ministerio Público en la Operación Iguana. El juez Ernesto A. Cabral Gomera ha aceptado la solicitud de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dando inicio al proceso legal contra los acusados. Se han ratificado las medidas de coerción, con excepción de un acusado que deberá presentarse periódicamente ante la PETT. Además, el tribunal ha rechazado las solicitudes de exclusión de pruebas y ha subrayado la relevancia de las pruebas materiales para el caso.
Entre los acusados se encuentran personas como Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y Johan Rosario Castillo, inspector de dicha dependencia. También se menciona a Deivy Nova Reyes, empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). Se destaca la participación de Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, quien facilitó su casa para actividades relacionadas con el secuestro. La Operación Iguana, liderada por la PETT y la procuradora de corte Yoanna Bejarán, llevó a cabo nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, logrando desarticular la red de tráfico y trata de personas. Durante la operación, se confiscaron diversos elementos como vehículos, pasaportes extranjeros, dinero en efectivo, documentos y un arma de fuego.
En resumen, el Juzgado de Independencia ha dado inicio al juicio contra los acusados de la red de tráfico de inmigrantes desmantelada en la Operación Iguana. Se han ratificado las medidas de coerción y rechazado las solicitudes de exclusión de pruebas. Entre los acusados se encuentran funcionarios y empleados de instituciones públicas, así como personas que colaboraron en las actividades delictivas. La operación llevada a cabo por la PETT resultó en la desarticulación de la red, con la incautación de vehículos, pasaportes, dinero y documentos relevantes para el caso.
