Santo Domingo. En un comunicado emitido hoy, la Junta Central Electoral (JCE) ha reiterado su postura de imponer sanciones a los partidos políticos Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP) en relación con la prohibición de llevar a cabo mítines, caravanas y otros actos de proselitismo durante la etapa de precampaña.
La JCE, en su resolución 53-2023, respondió al reclamo presentado por estas agrupaciones políticas, detallando que los numerales 1, 2, 3, 5 y 8 del artículo 44 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, no han sido objeto de inconstitucionalidad por parte de ningún tribunal.
Sin embargo, el organismo electoral accedió a la solicitud de los partidos opositores respecto a la precisión del artículo en cuestión, particularmente en los numerales 4, 6 y 7. Estos aspectos abordan la divulgación de mensajes a través de diferentes medios, como teléfonos, correo electrónico, internet y otros canales digitales. Asimismo, se hace referencia a la difusión de contenidos negativos por medio de las redes sociales, los cuales puedan perjudicar la imagen de los candidatos. También se aborda la promoción política por medio de mensajes publicitarios difundidos en diversos medios de comunicación durante la fase de precampaña.
La JCE también ratificó el contenido del artículo 308 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, el cual establece sanciones administrativas para los partidos políticos que incurran en faltas especificadas en los numerales 4 y 6. Estas faltas incluyen la realización de manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio oficial de la campaña electoral, así como el irrespeto a los símbolos patrios y aquellos relacionados con la Restauración de la República.
Ante esta reafirmación por parte de la Junta Central Electoral, los partidos PLD, FP y PRD manifestaron su llamado a desestimar el comunicado de advertencia. En una declaración conjunta, expresaron su posición y argumentaron que las prohibiciones establecidas en el comunicado vulneran derechos fundamentales y desacatan decisiones previas emitidas por el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional. La instancia presentada por representantes de estas organizaciones busca un reexamen de la situación y un respeto a sus derechos en el proceso político.
