Reconocida por su historial como jueza firme, la procuradora general de la República, Miriam Germán, y su equipo del Ministerio Público han abordado casos de corrupción sin precedentes en la democracia dominicana del siglo XXI. Han aplicado las leyes vigentes para agilizar los procesos judiciales. Los resultados han sido extraordinarios, con la recuperación de sumas millonarias, estableciendo un precedente en la justicia dominicana y destacando la valentía de quienes integran la PGR. Los acuerdos y criterios de oportunidad alcanzados, aunque limitados, han provocado indignación entre los acusados y sus defensores. En la opinión popular, tocar el bolsillo de un acusado duele más que una condena.
El “Repositorio de casos de criminalidad organizada”, lanzado recientemente en la web de la Procuraduría, reúne las acusaciones en curso y las negociaciones con los acusados. Las cifras económicas mostradas son astronómicas y sorprendentes. Las consultas sobre los montos recuperados requieren conocimientos matemáticos para entender su magnitud.
Hasta ahora, los recursos recuperados de personas conocidas y otras menos públicas permiten elaborar un resumen, con la salvedad de que todos los acuerdos presentados a los jueces deben ser aprobados por el magistrado a cargo de cada caso. Además, las devoluciones de dinero en efectivo implican solicitudes de suspensión de reclusión (años de prisión suspendida) y, en muchos casos, presentaciones periódicas ante un juez. En el caso de empresas, se incluyen multas, la anulación de registros mercantiles y la entrega de acciones al Estado.
Los acuerdos que implican la entrega de recursos millonarios en efectivo, considerados ganancias ilícitas, han enfrentado resistencia de varios implicados en los principales casos de corrupción. A través de sus abogados, estos implicados han cuestionado la legalidad de los acuerdos, aunque la jurisprudencia muestra que resultan en una reducción significativa de fortunas.
