En el ámbito público de la República Dominicana, las discrepancias salariales han generado un intenso debate, especialmente cuando asistentes técnicos de entidades como Edesur Dominicana perciben remuneraciones superiores a las de ministros de alto rango. Incluso, hay casos donde directores de instituciones como el Banco Central del país reciben salarios que exceden el del presidente Luis Abinader. Esta situación ha puesto en tela de juicio la estructura salarial del Estado, que incluye una amplia gama de empleados, desde trabajadores con sueldos mínimos hasta altos funcionarios con compensaciones considerables.
Aunque existe la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, que establece rangos salariales para diversas posiciones en el Gobierno Central y entidades descentralizadas, persisten disparidades notorias que reflejan desigualdades significativas. Algunos puestos, particularmente aquellos en instituciones financieras y de regulación, justifican sus altos ingresos por los requerimientos académicos y técnicos demandados. Sin embargo, otros cargos parecen carecer de criterios claros y son ocupados a menudo por figuras políticas sin un perfil profesional específico.
Esta situación subraya la necesidad de una revisión profunda y equitativa de la estructura salarial del sector público, asegurando que los salarios estén alineados con responsabilidades y competencias reales, promoviendo así una gestión más transparente y eficiente de los recursos estatales.
