El Ministerio Público dominicano ha confirmado que sigue trabajando en la presentación de una sólida acusación contra los imputados en el caso de la “Operación Calamar” después de que los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieran variar la medida de prisión preventiva de uno de los principales implicados en hechos de corrupción administrativa en ese proceso.
Arolin Lemos, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), subrayó que el Ministerio Público continuará su labor, asumiendo su papel de persecución de delitos de corrupción, debido a la importancia que esto tiene para la sociedad. La corte decidió permitir que el imputado presente una garantía económica de RD$5 millones a través de una compañía aseguradora, además de imponerle impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el órgano investigador.
El exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, es acusado de liderar una red desmantelada con la “Operación Calamar”. El Ministerio Público alega que esta red utilizaba al menos 11 instituciones para llevar a cabo expropiaciones irregulares de terrenos, cobros ilegales a bancas de lotería, negocios deportivos y con máquinas tragamonedas, así como la adquisición de bienes inmuebles con sobrecostos. También se les atribuye la gestión de pagos por deudas públicas resultantes de expropiaciones irregulares de terrenos.
En el mismo caso, se encuentran involucrados otros exfuncionarios gubernamentales, incluyendo a José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y otros individuos vinculados a estas actividades ilegales.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por la procuradora adjunta y directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto con los fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.
