Con el objetivo de evitar la prescripción del caso, el Ministerio Público (MP) ha gestionado y logrado la declaración en rebeldía del imputado Pedro Alejandro Castillo Paniagua, conocido como “Quirinito”, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Quirinito simuló su muerte hace seis años para eludir la justicia, luego de ser condenado por un asesinato en 2008, y también se le vincula con actividades de narcotráfico.
En una comunicación de prensa, el Ministerio Público informó que en la audiencia donde se solicitó la declaración en rebeldía estuvieron presentes los fiscales Eduardo Joel Velázquez Muñoz y José Ambioris Toribio Reyes.
Quirinito había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión, posteriormente reducidos a 20 años, por el asesinato del ciudadano español Gustavo Adolfo Cervantes en 2008. Su escape ocurrió mientras cumplía arresto domiciliario en San Francisco de Macorís, después de ser autorizado a cumplir su condena en casa debido a supuestos problemas de salud.
En relación al caso, se suspendieron a los jueces Willys de Jesús Núñez y Aleyda Jiménez Acosta. El primero por ordenar el traslado de Quirinito del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo al CCR de San Francisco de Macorís, y la segunda por conceder prisión domiciliaria basándose en su alegado padecimiento terminal de cáncer de lengua. Aunque ambos magistrados fueron reintegrados en sus funciones, la investigación contra ellos continúa.
El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Miriam Germán Brito, subrayó la importancia de evitar que el proceso contra Quirinito prescriba. En este sentido, solicitó la declaración en rebeldía para suspender la prescripción según lo establecido en los artículos 47 y 100 del Código Procesal Penal.
La declaración en rebeldía implica que los plazos de los procesos abiertos contra Quirinito se mantendrán suspendidos, evitando la prescripción mientras él permanezca prófugo y hasta su eventual captura. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, conformada por los jueces Melkis Antigua, Andrés Reynoso Santana y Ramón Isidro Gil Guzmán, emitió la decisión respaldada por el artículo 100 del Código Procesal Penal, que ordena su arresto y la difusión de sus datos personales para su búsqueda y captura. Además, se ordena la conservación de los medios probatorios para un eventual juicio.
