En las últimas semanas de la Operación Medusa, que ha estado en curso durante casi tres años en los tribunales, se ha observado un progreso significativo en las negociaciones entre el Ministerio Público (MP) y los acusados. De los 63 señalados en el expediente de corrupción, el MP ha llegado a acuerdos con 26, que incluyen a 17 personas y nueve empresas, según lo informado al juez Amauri Martínez. Uno de los casos más recientes es el del empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk, quien admitió haber pagado sobornos a exfuncionarios de la Procuraduría para obtener beneficios ilícitos del Estado a través de su empresa Espacio & Arquitectura S.R.L.
Peña Tactuk, en su declaración, manifestó su culpabilidad en los cargos que le imputaba el Ministerio Público y acordó someterse a un juicio penal abreviado. Como parte del acuerdo, se le impuso una multa de RD$4,200,600 y una pena de un año de prisión suspendida. Además, se tomó la medida de suspender el registro mercantil de la empresa implicada. La admisión de culpa por parte de Peña Tactuk está relacionada con la obtención irregular de un contrato dentro del Plan de Humanización para la construcción de un centro de atención integral para adolescentes en la provincia de Barahona.
No obstante, hubo un caso de acuerdo que fue retirado durante una audiencia reciente, como el de Juan Asael Martínez Pimentel, quien afirmó haber sido presionado por el Ministerio Público para llegar a un acuerdo. Esta situación llevó a la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, a solicitar al juez del Tercer Juzgado de Instrucción retirar la negociación debido a las alegaciones de presión sobre el acusado.
En otro desarrollo relacionado con el caso Medusa, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud de variar la medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en este caso. La medida actual, que consiste en prisión domiciliaria y localizador electrónico (grillete), se mantendrá. Esta decisión fue tomada por mayoría de los jueces, aunque hubo un voto disidente que argumentó sobre la duración de las medidas restrictivas para el acusado, considerando el tiempo prolongado bajo estas condiciones y el estado actual del proceso.
Los casos de corrupción y los acuerdos resultantes en la Operación Medusa continúan siendo objeto de atención en el sistema judicial dominicano, evidenciando la complejidad y la importancia de los procesos legales en la lucha contra la corrupción en el país.
