La Operación Gavilán, liderada por el Ministerio Público, avanza con revelaciones cruciales. De los doce imputados involucrados en la red que manipulaba y alteraba registros de antecedentes penales de 16,958 personas, siete han admitido los hechos durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción. La fiscal Sourelly Jáquez informó que esta confesión coincide con los argumentos presentados por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En busca de justicia, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los cinco principales cabecillas de la red, mientras que los siete imputados que han admitido su participación colaborarán en la investigación y enfrentarán arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica. Además, se busca que el proceso sea catalogado como de tramitación compleja.
El veredicto final será pronunciado este miércoles 9 de agosto a las 6:00 de la tarde por el juez Rigoberto Sena. Este grupo de imputados es acusado de formar parte de la Operación Gavilán, una red que lucraba eliminando antecedentes criminales a cambio de sobornos.
La fiscal Jáquez subrayó que la investigación abarcará a todos los involucrados en estos actos ilícitos. Asimismo, indicó que se está restableciendo la base de datos de la Procuraduría General de la República y que aquellos beneficiados con la eliminación de fichas también serán sometidos legalmente.
En cuanto a las expectativas del fallo, Jáquez expresó que se espera la prisión preventiva para los principales cabecillas, ya que la mayoría de los imputados ha admitido los hechos.
En la audiencia, además de Jáquez, estuvieron presentes representantes del Ministerio Público como Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, y Andrés Mena, procurador fiscal. La Operación Gavilán no solo revela la red de corrupción, sino que también señala a siete fiscales que serán investigados y enfrentarán las consecuencias legales.
Con el objetivo de mantener la integridad del sistema de justicia, el Ministerio Público ha tomado medidas enérgicas, incluyendo el proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público. La Operación Gavilán, que comenzó el 1 de agosto, es un paso vital para poner fin a una red que lucró con la impunidad y la corrupción a expensas de la justicia y la seguridad.
