María Isabel de los Milagros Torres Castellanos es la tercera imputada condenada en Operación Antipulpo, cuyo principal acusado es Alexis Medina Sánchez. A Torres Castellanos, vinculada a una de las empresas que se acusa de lavar dinero producto de la corrupción de la supuesta trama, fue sentenciada ayer lunes a cinco años de “internamiento” en un centro psiquiátrico y a indemnizar al Estado con más de 30 millones de pesos.
Las juezas Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a la acusada, socia de Editorama, a la medida de seguridad del internamiento en el centro psiquiátrico y a la indemnización, que incluye el decomiso de un apartamento en Brisas de Guavaberry, en San Pedro de Macorís, que tiene un costo que supera los diez millones de pesos.
La encartada fue separada del proceso que se le lleva a los demás imputados en Operación Antipulpopor su condición de salud.
Los primeros sentenciados en el caso fueron el extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán Rodríguez; Juan Esteban Suriel y Lewin Ariel Castillo, quienes realizaron acuerdos con el Ministerio Público y que fueron validados por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero.
Pagán Rodríguez fue condenado a cinco años, bajo la modalidad de reconocérsele los dos años y un mes de medida de coerción privativa de libertad que pesaba sobre él, y los dos años y once meses de prisión restantes en arresto domiciliario. En tanto que a Suriel se le dictó cinco años como pena, dos de prisión y tres suspendidos, también bajo reglas.
““Producto de estos acuerdos, el Estado recuperó más de 200 millones de pesos en bienes, a lo que se suma el apartamento decomisado en esta ocasión (a Torres Castellanos””Ministerio Público“
A Lewin Ariel Castillo le fue suspendido de forma condicional el proceso. Un cuarto que arribó a un arreglo con el Ministerio Público fue Domingo Antonio Santiago y a quien se le aplicó finamente el criterio de oportunidad.
“Producto de estos acuerdos, el Estado recuperó más de 200 millones de pesos en bienes, a lo que se suma el apartamento decomisado en esta ocasión (a Torres Castellanos”, aseguró el Ministerio Público ayer.
También se suman los 20 millones de indemnización que se le impuso a la señora Torres Castellanos.
Los demás 21 acusados
En Operación Antipulpo se señalaba a 27 personas como parte de la supuesta red que estafó al Estado con más de 5,000 millones de pesos en licitaciones irregulares para suplir a varias instituciones, de los cuales 21 esperan por un juicio de fondo y uno está prófugo.
Según el fiscal Ernesto Guzmán Alberto, independientemente de las sanciones penales que se les pueda imponer a otros acusados en la alegada red, igualmente podrían ser condenados por las “imputaciones de lavado de activos propiamente dicho” porque se les atribuyen los mismos tipos penales por los que fue condenada Torres Castillo, el de prestar sus nombres para ocultar el dinero producto de la corrupción.
“Inclusive, los tipos penales por los cuales ella fue condenada en estos momentos son los mismos que se les atribuyen a otras personas contra quienes hay mayor quantum probatorio, un mayor elenco de pruebas”, afirmó el representante del Ministerio Público.
Torres Castellanos “inimputable”
El proceso especial a los inimputables, como fue declarada Torres Castellanos, está contemplado en losartículos 374 y 375 del Código Procesal Penal, el cual dispone “que la sentencia tiene por objeto disponer la absolución o la aplicación de una medida de seguridad” a esos acusados.
El esposo de Torres Castellanos es quien la representaba en las audiencias.
Centro psiquiátrico deberá ser escogido por familiares
La procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, recordó que en el ámbito público no hay centros psiquiátricos que puedan acoger a Torres Castellanos, por lo que sus parientes deberán presentar al juez de la Ejecución de la Pena “varias alternativas” de las que existen en el ámbito privado para que este decida donde la “inimputable” podrá purgar los cinco años que se le dictó.
FuenteDiarioLibre
