La Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales está llevando a cabo investigaciones y preparando acusaciones contra individuos capturados cometiendo delitos electorales durante las elecciones municipales del domingo. Por primera vez en la historia del país, aquellos culpables podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión. Iván Vladimir Féliz Vargas, a cargo de esta labor, está evaluando actualmente los datos recibidos de las fiscalías de todo el territorio nacional. Las quejas presentadas están principalmente relacionadas con la compra de votos y de cédulas, delitos que ahora conllevan penas de prisión según la ley del año 2019. Hasta la fecha, solo una persona ha sido condenada, con una pena suspendida y una multa, luego de un acuerdo con la fiscalía de Santiago. La nueva ley electoral, la 20-23 del Régimen Electoral, ha trasladado la responsabilidad de juzgar los delitos electorales a los tribunales ordinarios, estableciendo penas de prisión de uno a tres años para quienes cometan estos actos. Una violación común observada durante las elecciones fue la gestión electoral frente o dentro de los recintos de votación.
Posible Prisión para Infractores Electorales: Nueva Legislación Electoral
