El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este martes que esa institución está desbordada por las denuncias de adquirientes de viviendas en contra de las empresas constructoras que estarían imponiendo aumentos desproporcionales a lo previamente contratado.
El funcionario afirmó que han tenido que utilizar el 70 por ciento del personal que labora en los departamentos Jurídico, de Inspección y de Buenas Prácticas, en la resolución de conflictos surgidos entre constructoras y adquirientes de viviendas que entienden sus derechos han sido afectados.
Asimismo, indicó que cerca del 85 % de las denuncias por supuestos aumentos de costos desmedidos han sido conciliados entre los sectores de la construcción y los consumidores, mediante una ardua labor de trabajo.
Al participar en el programa Despierta con CDN, Alcántara precisó que han tenido semanas en la que uno o dos casos les ha copado el tiempo completo, tanto el laboral como el personal, debido a que cada caso tiene casuísticas diferentes.
“Hay quienes reclaman cosas que tal vez dentro de lo que nosotros hemos establecido en el convenio no es posible que el razonamiento jurídico para una decisión pueda favorecerle, y en otros casos entendemos que se ha cometido algún tipo de timación bastante considerable en contra de los consumidores”, explicó.
Más de 500 casos resueltos en 4 meses
El titular de Pro Consumidor sostuvo que en los últimos cuatro meses han resuelto o resolutado más de 500 casos de conflictos surgidos entre constructoras y adquirientes de viviendas, que no pudieron resolverse a través del consenso o reconciliación de las partes.
“Creamos una unidad de liquidación en principio donde encontramos expedientes pendientes desde el año 2015, porque muchas veces se actuaba con irresponsabilidad, en el sentido de que como este proceso no le va a favorecer al consumidor, entonces no lo resoluto. Ese era un proceso que mantenía letargado tanto a los proveedores como consumidores”, añadió.
Sin embargo, aseguró que ya resolvieron todos los procesos que estaban pendientes al momento de asumir el cargo, así como las denuncias que recibieron hasta finales del mes de octubre.
El funcionario informó, además, que todos los meses reciben entre 100 y 150 reclamaciones por conflictos entre compañías constructoras y adquirientes de viviendas.
“Y hemos tenido que darle solución porque hay quienes no entienden que en cada reclamación o denuncia hay un debido proceso que se debe agotar, para preservar los derechos de ambas partes”, expresó.
El director de la entidad defensora de los consumidores indicó que para resolver los casos que generen situación de confrontación entre constructoras y adquirientes de viviendas, crearon la Unidad de Análisis para determinar si existen elementos que pudieran justificar la reclamación, antes de remitir los expedientes a conciliación.
“Para no agobiarnos de expedientes que muchas veces los depositan sin ningún tipo de sustentación y, aun así, son bastantes”, manifestó. Sin embargo, precisó que el propio director ejecutivo de la entidad revisa, razona y emite cada resolución, apegado a la Constitución y las normas, tanto a las nuestras como a las sectoriales.
Aumentos se ajustan por inflación
En este sentido, destacó que a la fecha no hay una sola resolución de Pro Consumidor que haya sido revocada por algún tribunal, porque lo han hecho de acuerdo a la casuística de cada caso. “Han sido ajustadas a las estadísticas para el tema de la inflación cuando esa indexación está estipulado en el contrato que establece la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), y para servicio del Banco Central de la República Dominicana (BCRD)”, añadió
El titular de Pro Consumidor explicó la lógica legal que la entidad defensora de los derechos de los consumidores utiliza para determinar el porcentaje de los aumentos del costo de las viviendas.
“Un ingrediente que muchos de los constructores no están de acuerdo es que en Pro Consumidor hemos dicho que, lógicamente, si hay una inflación establecida desde la ONE en los últimos tres meses y se va a producir un ajuste que esté estipulado en el contrato, debe ser ese porcentaje”, explicó.
Fuente CDN
