Un nuevo proyecto de ley propuesto en la República Dominicana busca modificar la Ley 01-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con el objetivo de limitar el campo de acción de esta institución. Este proyecto ha surgido en respuesta a las críticas y controversias que la ley original ha generado desde su promulgación, debido a la percepción de que otorga a la DNI amplias atribuciones que podrían amenazar derechos y libertades fundamentales.
La modificación propuesta tiene como principal propósito restringir algunas de las facultades otorgadas a la DNI, especialmente en lo que respecta a la investigación y vigilancia de actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Uno de los puntos más discutidos es el artículo que permite a la DNI investigar a personas, grupos o asociaciones que supuestamente atenten contra los intereses del Estado, lo cual, según críticos, abre la puerta a posibles abusos o excesos de poder.
El proyecto también busca establecer controles más estrictos sobre las actividades de la DNI, promoviendo mayor supervisión y rendición de cuentas por parte de otras instituciones del Estado. Esto incluye la necesidad de autorizar ciertas investigaciones a través del Ministerio Público y garantizar que las actividades de inteligencia se realicen en el marco de respeto a los derechos humanos y a la Constitución.
Este debate sobre la reforma de la ley que creó la DNI refleja un intento de equilibrar la seguridad nacional con la protección de las libertades individuales, en un contexto donde las capacidades de las agencias de inteligencia son esenciales, pero requieren regulaciones claras y mecanismos de control para evitar abusos.
