En República Dominicana, la recién promulgada Ley 1-24, que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha suscitado inquietudes debido a sus implicaciones en la protección de derechos fundamentales y la libertad. Específicamente, el artículo 11 de la ley ha generado controversia al imponer la obligación a instituciones privadas o individuos de proporcionar información a la DNI, bajo riesgo de sanciones, lo que ha llevado a un debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la salvaguarda de derechos individuales.
Entre los críticos de la nueva legislación se encuentra el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, quien advierte sobre posibles impactos en la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional. Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha señalado que la ley presenta aspectos ambiguos que podrían dar lugar a interpretaciones diversas, especialmente en relación con el artículo 11. Por su parte, el abogado Nassef Perdomo Cordero destaca que la normativa podría convertir a ciudadanos en informantes bajo amenaza de prisión, generando preocupaciones sobre la democracia en el país.
Eduardo Jorge Prats, experto en derecho constitucional, hace hincapié en la necesidad de no confundir la investigación de delitos con la actividad de inteligencia de la DNI, argumentando que esta última no debería indagar en actos delictivos sin una orden judicial. A pesar de las críticas, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) se muestra satisfecha con las modificaciones realizadas en la redacción final de la ley, específicamente en relación con el artículo 11, párrafo IV, que establece restricciones y observaciones para proteger derechos constitucionales.
En medio de este debate, la sociedad dominicana se encuentra ante la necesidad de encontrar un equilibrio efectivo entre las medidas de seguridad nacional y el respeto a los derechos individuales. La ambigüedad en ciertos aspectos de la ley ha llevado a llamados a revisar y modificar la legislación para evitar interpretaciones conflictivas y garantizar un marco legal que salvaguarde tanto la seguridad como las libertades fundamentales de los ciudadanos.
