Varios sectores coinciden en la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Argumentan que las autoridades no deben pasar por alto casos de esta envergadura, ya que afectan la seguridad jurídica del país.
La cúpula empresarial mostró indignación y, al mismo tiempo, sostiene que se deben investigar las irregularidades encontradas en el contrato de más de mil millones de pesos del Intrant.
Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias, opinó que la amenaza realizada por el titular de Transcore Latam, sobre detener los servicios de los semáforos, debería tener consecuencias y no ser tomada a la ligera.
Desde el Congreso Nacional, senadores y diputados de diversos partidos políticos expresaron su reacción y esperan que se lleve a cabo una investigación del caso, asegurándose de que se siga el debido proceso y se aplique todo el peso de la ley al responsable.
El caso ya fue presentado al Ministerio Público después de que la Dirección General de Contrataciones Públicas identificara irregularidades graves en la licitación del Intrant.
