De un total de 222 legisladores, solo 129 han presentado su declaración jurada de patrimonio, lo que representa un cumplimiento parcial de esta obligación legal. La declaración jurada es un requisito para los funcionarios públicos, diseñado para garantizar la transparencia en el manejo de sus bienes y evitar posibles actos de corrupción. Este incumplimiento por parte de una parte significativa de los legisladores ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.
La falta de presentación de la declaración jurada podría acarrear sanciones, como multas o inhabilitaciones, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Esta ley establece que los funcionarios deben reportar su patrimonio al asumir el cargo y actualizarlo periódicamente para permitir un seguimiento adecuado de su evolución durante su mandato.
El retraso de algunos legisladores en cumplir con esta obligación ha generado críticas y llamado la atención sobre la importancia de reforzar la supervisión y las consecuencias para quienes no cumplan con este deber. Las autoridades están evaluando los próximos pasos para garantizar que todos los legisladores presenten sus informes, cumpliendo con las normativas vigentes en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
