La proliferación de paneles solares está incidiendo negativamente en los costos de distribución de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), con un impacto financiero de cerca de 90 millones de dólares el año pasado, lo que contribuye al creciente déficit en el sector eléctrico.
Según revelaron los economistas Magín Díaz y Jerónimo Roca durante la presentación de un estudio sobre generación distribuida y su influencia en las finanzas públicas, existen aproximadamente 13,000 usuarios en el país que utilizan paneles solares para generar su propia energía y venden el excedente a las distribuidoras. Este fenómeno ha generado un costo adicional de 89.1 millones de dólares para las EDE en el año anterior, debido a tres factores principales: el autoconsumo de energía, el cargo por potencia para recuperar costos de la red, y el esquema tarifario actual que no considera adecuadamente la energía inyectada al sistema por los usuarios con paneles solares.
Díaz, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), señaló que las EDE ya están operando con un déficit que supera los 1,000 millones de dólares, y necesitan mejorar su gestión en cuanto a compra, oferta y demanda para mantenerse a flote.
Por su parte, Roca, consultor internacional, destacó que la tendencia mundial actual es cambiar el régimen tarifario de medición neta a facturación neta, como sugiere el estudio realizado por la firma Ecomod Business Consulting. Además, señaló que el costo debido al impacto de los paneles solares ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando de 23.2 millones de dólares en 2018 a 89.1 millones en 2023.
Los expertos hicieron hincapié en la necesidad de aprovechar un nuevo reglamento para corregir las distorsiones existentes y transparentar las finanzas del sector eléctrico a mediano y largo plazo. También recomendaron ajustar las normativas y legislaciones para promover de manera equilibrada la generación con paneles solares, garantizando la estabilidad y equidad en el mercado eléctrico.
En cuanto a los incentivos tributarios, señalaron que estos han representado un costo aproximado de 250 millones de dólares en la última década para el Estado y los contribuyentes. A pesar de la disminución en los costos de instalación y generación de energía solar, consideran que estos incentivos podrían ya no ser justificados y plantean dudas sobre su pertinencia continuada.
