Varias organizaciones sociales, entre ellas el Partido Generación de Servidores, han presentado acciones de amparo y de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 1-24 recientemente promulgada que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Priyanka Rodríguez, representante de la Fundación RD Inclusiva, expresó su preocupación por la ley, argumentando que, aunque es mandato constitucional crear la DNI, la normativa aprobada viola la Constitución. Destacó que algunos artículos de la ley, como los números 9, 11 y 26, podrían considerarse “una mordaza” y no están acordes con la Carta Magna. Rodríguez indicó que el proyecto de ley estuvo en conocimiento de los legisladores durante aproximadamente un año y fue respaldado por todos los partidos políticos. Señaló que la ley afecta a profesionales como abogados, médicos y periodistas, y que también podría limitar la libertad de asociación. La coalición de organizaciones busca que se declare inconstitucional la Ley 1-24 y, en caso de que no se logre, piden su derogación y la emisión de una enmienda para eliminar los artículos controvertidos. Carmen Orozco Martínez, abogada que representa a las agrupaciones, destacó que la ley del DNI crea un ambiente de “terror” y afecta el derecho a hablar e informarse, convirtiendo estas acciones en un “crimen”. También expresó su preocupación por el impacto en la capacidad de los fiscales para llevar a cabo investigaciones adecuadas.
Varias organizaciones han solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que declare inconstitucional la ley del Documento Nacional de Identidad (DNI)
