RD.- El procurador Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Tanner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas. Pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función.Procurador Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley. Y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.
Puntualizó la incoherencia de la decisión de la jueza al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso”. Pero, a su entender, esa complejidad no permite entender que en un caso “muy complejo” el Ministerio Público necesita tiempo para hacer las investigaciones.
El procurador adjunto sostuvo que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas”. Sin embargo, ese es un tema que los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados, declaró Camacho.
El procuador Camacho estuvo acompañado en audiencia por los fiscales Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemus y Jonathan Pérez. Y criticó de manera enérgica la protección que se brinda en los tribunales a los imputados por corrupción.
Recordó que a los acusados se les otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público. “Pero ahora el culpable es el Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Vamos a seguir con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley”, añadió.
Al favorecer a los imputados con la variación de la coerción, la jueza Rivas dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y Nuñez de Aza. Además, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. Y la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
A Guzmán le estableció arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico. Así como también una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía.
Mientras a Flete le fue colocado impedimento de salida, arresto domiciliario y un grillete electrónico.
Fuente CDN
