Bancamérica, un pequeño banco con apenas el 0.13 % de los activos del sistema financiero nacional, ha sido intervenido por la Superintendencia de Bancos con fines de disolverlo. La medida generó ayer molestia y confusión en clientes, mientras los accionistas anunciaron medidas legales en oposición.
La Superintendencia de Bancos informó ayer que Bancamérica presenta pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores a 2021 de RD$851 millones y pérdidas por RD$147 millones durante el último ejercicio (a noviembre). En adición, “la entidad tomó decisiones de negocio que afectaron sus indicadores prudenciales, específicamente su solvencia”, agregó.
El ente rector informó que Bancamérica tiene 28,485 depositantes, que representan 0.34 % del sistema. Solo 15,260 registran balance en sus cuentas o instrumentos de ahorro, con un total de RD$3,257 millones. La cantidad de deudores asciende a 5,438, representando el 0.27 % del sistema.
“Mi esposo me alertó sobre este banco en diciembre, porque él me transfirió un dinero y el banco duró ocho días para reembolsarlo”, dijo Anny Rodríguez, una clienta de Bancamérica que acudió ayer a la oficina principal, ubicada en el ensanche Evaristo Morales.
La acción de la Superintendencia no es repentina. El anterior titular de la institución, Luis Armando Asunción, había advertido en una carta dirigida al presidente del consejo de administración, Víctor Vargas Irausquín, que si no lograba subsanar las causas que dieron origen a un plan de regularización en el tiempo otorgado (octubre 2020), Bancamérica podría ser disuelto.
Vargas Irausquín es un venezolano que posee directamente el 35 % de las acciones del banco y, a través de la sociedad Cartera de Inversiones Venezolanas, C.A., es titular del 65% restante.
Está vinculado a procesos en el extranjero por alegadas irregularidades financieras. En agosto de 2021, el Ministerio Público de Panamá solicitó aprehensión y conducción en su contra debido a una investigación seguida por presunta comisión de un delito de orden económico o financiero en ese país.
El ejecutivo es conocido en Venezuela como el “banquero de Chávez”, por su buena relación con el chavismo venezolano. Además, es presidente del Grupo Financiero BOD, que agrupa al Banco Occidental de Descuento (BOD), Allbank en Panamá (intervenido, cerrado y en proceso de liquidación), Boi Bank en Antigua y Barbuda, el BONV en Curazao y Bancamérica.
En Panamá y en Curazao, acreedores del Allbank y el Banco del Orinoco, ambos bajo la sombrilla de su grupo empresarial, presentaron demandas civiles para recuperar sus fondos.
Orlando Mangiagli, empresario y cliente de Bancamérica, estaba molesto ayer y se preguntaba cómo se llegó a tener que intervenir la entidad financiera. “Mi abogado, por error, me depositó ayer cinco mil dólares, y vine ahora a buscar mi dinero”, dijo.
La Superintendencia de Bancos tomó control de Bancamérica para iniciar su disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su Segunda Resolución del 28 de enero de 2022. Diario Libre solicitó una copia de dicha resolución, pero se respondió que el documento está restringido.
“La medida se debió a que el banco incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización”, explicó la Superintendencia.
Con el plan las autoridades procuraban que la entidad repatriara depósitos mantenidos en entidades vinculadas en el exterior, aumentara el capital y fortaleciera sus métodos de cobranza y controles internos. “Se obtuvo la repatriación parcial del capital requerido, pero sin subsanar las causales del plan”, dijo el ente rector.
Durante el período de disolución, el personal designado por la Superintendencia ejercerá las funciones y facultades de los accionistas, del consejo de administración, los gerentes, administradores y apoderados generales de la entidad.
Los accionistas de Bancamérica reaccionaron ayer en contra de la intervención. Consideran que no hace justicia a 12 años de trabajo. Adelantaron que están ejerciendo “todos los recursos de ley” para conseguir la anulación de la resolución.
Sin embargo, garantizaron que apoyarán a las autoridades “en la consecución de una disolución ordenada”, y garantizaron el cumplimiento de la normativa y la disponibilidad a los clientes de sus depósitos y otras acreencias.
