El abogado Francisco “Pancho” Álvarez consideró que el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien figura como principal vinculado en una investigación sobre un supuesto desfalco millonario contra el Estado en operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, debe ver más allá de la visión técnico jurídica.
Entiende que este caso en particular tiene un interés muy importante para la ciudadanía y como ciudadano, considera incorrecto que se aprovechara un período cercano a un cambio de gobierno, como fue de enero a julio del 2020, para comenzar a pagar las expropiaciones.
“Justo seis meses antes del cambio de gobierno hubo una especie de feria de pago de expropiaciones y no de expropiaciones, por esas expropiaciones, muchas de las cuales ocurrieron 20, 30, 40, 50 años atrás, la persona titular de ese derecho muchas veces ya había fallecido (…)”, analizó el coordinador de Análisis Político de Participación Ciudadana.
En ese sentido, Pacho Álvarez cuestionó que, si el Gobierno se tardó tanto en pagar esas expropiaciones, por qué lo hizo en ese lapso de seis meses y “sobre todo en un momento muy inapropiado porque los fondos públicos debieron dedicarse a paliar las consecuencias de la pandemia”.
