Varias de las empresas que tuvieron cesión de crédito para reclamar al Estado supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos fueron incorporadas en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) en 2020, mismo año que en fueron beneficiarias de los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda.
Las empresas figuran en una autorización de información financiera que emitió la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano por más de 17,000 millones de pesos.
Entre los investigados están el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
Según se describe en el documento, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
También con la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.
Fuente: DL
